La criminalización de la protesta: los detenidos por manifestar frente a la Legislatura Porteña Imprimir E-Mail

El viernes 16 de julio, luego de una manifestación de protesta contra el Código Contravencional, fueron detenidas quince personas.  Tres mujeres y doce hombres que fueron seguidos y detenidos por personal policial de civil, fuera del lugar de la manifestación y varias horas después de concluida.
Se trata de: María del Carmen Ifran Ferreira, Marcela Rosana Sanagua, Carlos Hernán Santamaría, Eduardo Héctor Suriano, Adolfo Rafael Sánchez, Javier Daniel Scaramella, Horacio Ariel Ojeda, Jorge Antonio Nieva, Eduardo Marcelo Ruiz, Héctor Eduardo Gómez, Jesús Aníbal Fortuny Calderón, Margarita Meira, Pablo Martín Amitrano, Francisco Lino Barbi y César Herminio Gerez.

La jueza Silvia Ramond, en una clara violación de los derechos humanos, obstaculizó el acceso de los abogados de CORREPI, Liga de los Derechos del Hombre, MST, MTL y APEL a los detenidos y decretó secreto de sumario durante quince días. Finalmente dictó el procesamiento con prisión preventiva y embargo por “coacción agravada” y “privación ilegal de la libertad”, pero de la causa surge que:

a) Se apoya sólo en los dichos del personal policial que actuó en las detenciones;
b) Considera como prueba suficiente que se “acredita su presencia en el lugar de los hechos” como si haber concurrido a las inmediaciones de la Legislatura, como manifestante o transeúnte fuese en sí mismo delito;
c) Considera prueba suficiente de la acusación de los policías que “reconocieron” a los detenidos como quienes realizaron, horas antes, los hechos de los que se los acusa;
d) Atribuye la acción de manifestarse y peticionar ante las autoridades como “coacción agravada” y como “privación ilegítima de la libertad” siendo que la sesión se suspendió por decisión de los legisladores y que fueron las autoridades quienes cerraron los accesos a la legislatura.
Ante la apelación de los abogados defensores, la Cámara Penal confirmó el procesamiento y la detención de los quince manifestantes en un fallo en donde presupone que no puede sospechar de las declaraciones de los funcionarios policiales “ya que es su función decir la verdad”.

El contexto: informe de la Coordinadora de Lucha Contra el Código Contravencional

La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires aprobó, el 7 de Julio, un Código Contravencional que constituye un claro retorno a los edictos policiales de la dictadura. Esta situación afecta no sólo a la ciudad de Buenos Aires sino a todo el país, en la medida en que no existe prácticamente ninguna provincia que no tenga edictos o códigos contravencionales que la policía históricamente usó para detener sin orden judicial previa y perseguir, extorsionar, aplicar cohechos (coima) como parte de un plan sistemático de represión y exterminio. Los edictos más habituales son los que caracterizan como “contravención” la mendicidad, la vagancia, el merodeo, el desorden público, el escándalo, el cambio de ropa respecto del género, la ebriedad y la prostitución; en abierta contradicción con la Constitución Nacional que prohibe, por discriminatoria, toda figura que tipifique delitos de autor: esto es portación de cara, color, condición social, apariencia física. La Constitución, además, no da a las provincias ni a las ciudades la posibilidad de definir figuras penales identificadas como “pequeños delitos” ya que implican conductas no consideradas delictivas en nuestro Código Penal. La CORREPI (Coordinadora contra la represión policial e institucional)  ha señalado cómo la impunidad respecto de los miles de casos de gatillo fácil, de violencia policial o judicial en nuestro país hizo posible la invisibilidad tanto de la pobreza como de la explotación del trabajo infantil, la prostitución de jóvenes varones, niñas y travestis.
En la Ciudad de Buenos Aires, el Código de Convivencia Urbana reemplazó a los edictos en marzo de 1998, pero cuatro meses después fue modificado a través del artículo 71 que tuvo por objetivo penalizar la prostitución bajo la figura de “oferta de sexo en la vía pública” y condena a mujeres y travestis en estado de prostitución al cohecho (coima) policial bajo la forma de “zonas rojas”, “saunas” o “casas de masajes” controladas por comisarios y grupos mafiosos. En marzo de 1999 se extendió la capacidad represiva del código por el artículo 41 que indica “la obstrucción de la vía pública” y ha sido usado por los fiscales contravencionales para perseguir a manifestantes, vendedores ambulantes, artistas callejeros, cartoneros, marchas y protestas. Esto constituyó una clara articulación  de los proyectos represivos con la pobreza creciente que excluye de la participación a sectores cada vez más amplios a través de la imposibilidad de acceso a la educación, la salud, el trabajo y la vivienda.

¿Qué implica el nuevo código ya aprobado por esta Legislatura?
1) Darle más poder a la policía permitiéndole actuar de oficio como denunciante, testigo y autoridad pudiendo armar pruebas, causas y aplicar coimas y extersiones para su “caja chica”
2) Posibilita la persecución de jóvenes, ya que baja la edad de imputabilidad de 18 a 16 años;
3) Penaliza con cárcel y multas impagables casi la totalidad de las contravenciones.
4) Criminaliza la protesta social, las manifestaciones y los escarches y todo tipo de petición ante las autoridades con 2 a 10 días de arresto o multas de 200 a 1.000 pesos;
5) Castiga con arresto las acciones para impedir remates públicos, practica que se ha usado para impedir que los bancos se apropien de viviendas únicas y familiares para cobrar créditos hipotecarios. 
6) Penaliza la venta ambulante con multa, decomiso de la mercadería y hasta del dinero condenando a 20.000 trabajadores ambulantes de parques y plazas, 11.000 cartoneros y cantidad no determinada de artesanos, artistas callejeros, pide monedas, volanteros
7) Penaliza y persigue la oferta de sexo en la vía pública y condena a mujeres y travestis en estado de prostitución a zonas rojas controladas por el proxenetismo policial y mafioso. Con esto viola, además, el tratado internacional firmado en 1949 en que Argentina se compromete a abolir la prostitución y condenar su explotación, y, en consecuencia, se compromete a desarrollar políticas públicas de salud, trabajo y educación para personas en estado de prostitución.
8) El nuevo Código agrega, además, la figura de la “reincidencia” que es no sólo represiva sino inconstitucional, ya que está diseñada para encarcelar a aquellos que no pueden sino “reincidir” en su modo de ganarse la vida o de protestar respecto de la exclusión y la pobreza.

 
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